El Gobierno de Navarra, junto con Nasuvinsa, y el Estado estudian conjuntamente medidas normativas para impulsar políticas de vivienda pública de alquiler y rehabilitación
El vicepresidente Aierdi se reúne con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Ábalos y acuerdan crear una comisión técnica que estudie posibles modificaciones legislativas
El vicepresidente Aierdi y su equipo, durante la videoconferencia con el secretario de Estado.
Los gobiernos de Navarra y el Estado han comenzado a estudiar conjuntamente, a la luz de los efectos que está teniendo la crisis del COVID-19, las posibles medidas normativas o fiscales –ya sean de competencia estatal o foral- que ambos ejecutivos pueden coordinar con el objetivo común de impulsar políticas públicas de vivienda de alquiler, de rehabilitación de edificios y de regeneración urbana en parque residencial y espacios públicos.
El vicepresidente José Mª Aierdi y David Lucas Parrón, el secretario general de Agenda Urbana que nombró recientemente el ministro José Luis Ábalos, han mantenido un primer encuentro, a través de videoconferencia, para compartir diagnósticos sobre la situación que atraviesa el mercado de la vivienda, por razones estructurales o coyunturales a raíz de la crisis del COVID-19, y contrastar estrategias en las respectivas políticas públicas y apuestas por la vivienda de alquiler, la rehabilitación y el urbanismo sostenible.
En la reunión sectorial también han participado, por parte del Gobierno central, el director general de Vivienda, Javier Martín y la técnica Maribel Badía, mientras que el consejero Aierdi ha estado acompañado por el director general de Vivienda, Eneko Larrarte, la directora general de Ordenación del Territorio, Izaskun Abril, y el gerente de la sociedad pública Nasuvinsa, Alberto Bayona.
A la vista del posible recorrido que, efectivamente, puede derivarse de las propuestas que se han debatido, ambas partes han acordado crear una comisión técnica bilateral que estudie los detalles de los programas o medidas –de legislación básica o foral- que se pudieran poner en marcha de una manera coordinada entre ambas administraciones, tanto en su desarrollo normativo como en su financiación con cargo a fondos europeos o estatales, a través del Convenio que regula las relaciones económicas entre Navarra y el Estado.
Control de precios de alquiler y vivienda vacía
Concretamente, entre los puntos que han puesto en común durante su primera reunión, los responsables de Vivienda de Navarra y el Estado han subrayado la necesidad de favorecer un mayor impulso público en la promoción de vivienda de alquiler asequible, de aunar criterios sobre los índices de referencia de precios de arrendamientos y los posibles mecanismos para la regulación de sus incrementos, así como activar medidas para movilizar viviendas vías o en desuso en el mercado de alquiler, entre otras cuestiones relacionadas con distintas reformas normativas.
Asimismo, ambas delegaciones han contrastado los decretos y paquetes de medidas urgentes que tanto el Gobierno central como las distintas comunidades autónomas han activado en materia de vivienda para responder a las consecuencias económicas y sociales que está teniendo la crisis del COVID-19.
El Gobierno de Navarra ha atendido hasta ahora a más de 2.000 familias por medio de las medidas de urgencia activadas en el Decreto de Ley Foral 2/2020 de 25 de marzo, entre ayudas directas para el pago de la renta de su vivienda para personas y familias vulnerables o aquellas cuyos ingresos se hayan visto mermados por la crisis del COVID-19, el incremento de subvenciones –hasta el 75% de la renta- en el alquiler protegido, renovación automática de contratos de arrendamiento durante el estado de alarma y de condonaciones en el pago de las mensualidades hasta el mes de julio en el parque público de Nasuvinsa, entre otras medidas. Además, el Consejo de Gobierno aprobó en su última sesión otro Decreto de Ley Foral que ampliaba la cobertura de ayudas en vivienda de alquiler a profesionales autónomos, trabajadores y trabajadoras que sigan afectadas por ERTEs en sus empresas o personas desempleadas.